CONDENA A LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES POR LA COLOCACION CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA TRABAJO SIN AVISAR

 

EL Tribunal Europeo Derechos Humanos (TEDH)  en el caso López Ribalda v. Spain ha condenado a los tribunales españoles mediante sentencia de 9 de enero de 2018, por haber aceptado dentro del entorno de trabajo, la colocación de cámaras de videovigilancia sin advertirlo a los trabajadores y ante la sospecha que se estaba produciendo robos, constatando dicho tribunal una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que regula el derecho al respeto de la la vida privada.

Los antecedentes del caso se remotan al año 2009 donde la empresa empleadora, colocó cámaras visibles de forma permanente y cámaras escondidas de forma temporal, comunicando a los trabajadores la existencia de las primeras, sin avisar de la colocación de las segundas (ocultas), las cuales tenían por objeto probar los robos realizados por los trabajadores.   La empresa despidió a los empleados habiendo admitido los tribunales españoles como prueba en juicio de forma válida y legal ,las grabaciones de la cámara de videovigilancia que se había colocado de forma oculta y sin avisar.

Sin embargo, la validez de estas grabaciones ha sido puesta en entredicho por el TEDH, el cual no está de acuerdo y condena a los tribunales españoles al pago de una suma de dinero, basándose en los siguientes argumentos:

1) Reitera que los países tienen una obligación positiva de adoptar medidas para asegurar el respeto por la vida privada debiendo ponderar equilibradamente los intereses en juego, esto es, derecho a la vida privada versus derecho del empleador al control empresarial .

2) No ha habido una correcta ponderación de los derechos involucrados ya que los tribunales españoles han optado por que prevalezca el interés del empleador sobre el respeto a la vida privada del trabajador, sin cumplimiento de la normativa de protección de datos  vigente.

3) La medida adoptada, la  colocación de cámaras sin avisar afecta a la vida privada de las personas y no se trata de una medida proporcionada pudiendo existir otras medidas menos lesivas para la privacidad del trabajador. Sorprende esta sentencia del TEDH en la medida que los últimos pronunciamientos Tribunal Constitucional, caso Berska  marzo 2016, permitían la colocación de cámaras ocultas temporales sin necesidad de advertirlo al trabajador ni acreditar el deber información bastando simplemente la colocación los letreros identificativos de zona videovigilada. Por lo que a partir de este momento, la doctrina de los tribunales se tendrá que a adaptar a los requerimientos impuestos por el TEDH con relación a la colocación de cámaras ocultas en lugares de trabajo.   Esta sentencia del TEDH sigue en la línea de  sus últimos pronunciamientos, caso Barbulescu,  con relación a la prevalencia del respeto a la vida privada de los trabajadores sobre las potestades de control empresarial relacionados con la monitorización y control del contenido de los mensajes de correo electrónico de los ordenadores, whatsapp, dispositivos móviles propiedad de la empresa y puestos a su disposición del trabajador, debiendo comunicar el empresario en todo caso y con carácter previo a su implantación cualquier control que se pretenda ejecutar con el detalle necesario que le permita al trabajador conocer que se accederá al contenido de las comunicaciones.

En CR CONSULTORES LEGALES tenemos gran experiencia en la materia y en la redacción de políticas  de uso de las herramientas corporativas y cumplimiento de la normativa cámaras de videovigilancia por lo que si tiene cualquier consulta o precisa asesoramiento jurídico contacte con nosotros y estaremos encantados de ayudarle. T: +34-932 112 900 www.crconsultoreslegales.com info@crconsultoreslegales.com

.

La información contenida en este Newsletter no constituye un asesoramiento jurídico en Derecho Digital, Mercantil, Fiscal, o cualquier otra rama jurídica, lo es a título meramente orientativo en cuanto a su finalidad y efectos. El uso que el lector haga de la misma lo será bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad. CR CONSULTORES LEGALES declina cualquier responsabilidad asociada a la información en él contenida

 

 

COLISIÓN ENTRE DERECHO AL HONOR Y LIBERTAD DE PRENSA

 Cada vez  es más frecuente el inicio de acciones judiciales en vía penal y/o civil por personas que consideran perjudicada su imagen, honor y/o reputación profesional debido a informaciones que sin su consentimiento son publicadas, en medios de prensa escritos y/o en soportes digitales incluida aquella información difundida en la Red, amparándose en el ejercicio del derecho de la libertad de información y prensa. Sin embargo, para que dichas acciones prosperen deben cumplirse los requisitos previstos en la legislación penal y/o civil, y que en el caso concreto no prevalezca el derecho a la información y libertad de prensa.

La imagen como derecho reconocido en la Constitución[1] puede ser susceptible de protección en vía civil por vulneración de la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad y a la propia imagen, y en vía penal por vulneración del Código Penal asociado a la existencia de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El derecho a la información y la libertad de prensa también es un derecho reconocido en la Constitución española[2] y su ejercicio tiene su límite en el respeto al derecho al honor, intimidad y a la propia imagen.

En muchas ocasiones ambos derechos entran en colisión, debiendo realizarse en cada caso concreto un análisis exhaustivo de los hechos, para determinar la prevalencia de uno u otro derecho frente a posibles intromisiones ilegítimas en el honor de una persona.

1.¿Reciben la misma protección una persona con relevancia pública que un personaje anónimo?

El derecho al honor protege tanto a las personas conocidas y con relevancia pública como a las no conocidas pero con algunos matices en el primer caso, teniendo en cuenta que de acuerdo con la normativa civil no hay intromisión ilegítima en los siguientes supuestos:

  • En caso de actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante;
  • El derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

Aquí nos preguntamos si existe invasión de la intimidad de una persona y concurre un delito de revelación de secretos tipificado en el código penal cuando se accede de forma no autorizada y sin consentimiento de su titular a mensajes de aplicaciones instantáneas, los cuales se están consultando por parte de un personaje público y en el ámbito de un acto público sin ánimo de vulnerar la intimidad de la persona.

2.¿Qué dice la jurisprudencia?

Algunos antecedentes jurisprudenciales:

  • Intromisión ilegítima versus derecho a la información donde se publican informaciones veraces sobre asuntos de interés público en una página web en ejercicio del derecho a la libertad de información, prevaleciendo el derecho a la libertad de información frente al derecho al honor y no constituyendo intromisión ilegítima por la relevancia pública de las materias publicadas y por la consideración de personaje público del demandante por razones personales (notoriedad y aparición en medios de comunicación) como por su relación con asuntos públicos (intervención como arquitecto en obras públicas)[3].
  •  Delito de revelación de secretos en el ámbito familiar y donde la pareja sentimental había colocado una aplicación en el teléfono de su pareja la cual le permitía mantener controlado en todo momento el terminal conociendo la ubicación, llamadas recibidas emitidas e incluso la captación de fotos, grabación de videos y audios a través de la cámara del dispositivo prevaleciendo el derecho al honor y a proteger su vida privada[4].
  •  Delito de revelación de secretos en entornos domésticos y donde el marido que se apropia de mensajes de correo electrónicos con acceso no autorizado a sus correos electrónicos y archivos y/o documentos de aplicaciones telefónicas su mujer prevaleciendo el derecho al honor y a proteger su vida privada [5].
  •  Ejercicio derecho al olvido por personas físicas donde prevaleció en el derecho del interesado a proteger su vida privada en el sentido de que la información relativa a su persona se eliminara (derecho de cancelación y bloqueo de los datos) sobre el derecho a la información y a la libertad de prensa de los terceros que acceden a Internet en busca de información de esa persona y sobre los intereses económicos del gestor del motor de búsqueda[6] .
  •  Ejercicio derecho al olvido por parte de los empresarios con relación a la información perjudicial publicada en los registros mercantiles y donde prevaleció proteger el interés de terceros en relación con las sociedades para garantizar la seguridad jurídica frente a los intereses particulares[7].

En conclusión y en palabras del Tribunal Supremo cuando hay conflicto entre estos derechos se debe atender los siguientes parámetros:

“los conflictos entre el derecho al honor y el derecho a la información deben ser resueltos mediante técnicas de ponderación constitucional teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Se entiende por ponderación la operación en la que, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, se examina la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella. La técnica de ponderación exige valorar el peso abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión, y desde este punto de vista, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostentan tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la libertad de información por resultar esenciales como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático. Además, ese juicio de ponderación en abstracto debe atender a que el ejercicio de la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática “.

 

[1] Artículo 18 (1) y (4) de la Constitución Española se garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos

[2] Artículo 20 Constitución Española (a) y (d) se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de producción y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

[3] Sentencia Tribunal Supremo 16 de febrero 2016.

[4] Sentencia del Juzgado nº 4 de Almería de 22 de diciembre de 2015.

[5] Sentencia Audiencia Provincial de Gerona de 17 de diciembre de 2015.

[6]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=295054

[7]Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo de 2017 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188750&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=503360.

CR CONSULTORES LEGALES colabora con UNICEF

Colabora un año más con UNICEF deseándoles a todos los clientes, amigos y familiares

FELICIDAD Y PROSPERIDAD PARA EL 2018

HAPPINESS AND PROSPERITY FOR 2018

GLÜCK UND ERFOLG FÜR 2018

IMPUESTOS COMPRAVENTAS ONLINE ENTRE PARTICULARES OBJETOS USADOS

Recientemente, ha salido publicada en la prensa una noticia en la que se informaba que los particulares tienen que pagar impuestos por las compraventas de objetos de segunda mano que se realicen online, a través de famosas plataformas que todos conocemos y que facilitan la operación, permitiendo el contacto entre comprador y vendedor.

Dicha noticia tiene su origen en una consulta dirigida a la Dirección General de Tributos por parte de una persona que quiere vender a través de una página web objetos y enseres personales y familiares de segunda mano[1].

1.¿Existe obligación de tributar por las compraventas online entre particulares de objetos usados?

De hecho la obligación de tributar, no es una obligación nueva que se impone a los contribuyentes, ya que el pago de impuestos por la compraventa de objetos muebles e inmuebles (transmisión de bienes y derechos) se encuentra regulada desde hace mucho tiempo, ya sea por la vía del impuesto transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD) cuando quien vende o transmite es un particular, ya sea por la vía del impuesto sobre el valor añadido (IVA) cuando quien vende o transmite actúa en su condición de empresario o profesional a título oneroso con independencia si actúa carácter habitual u ocasional.

En consecuencia, las compraventas online de segunda mano se encuentran sujetas a las mismas normas tributarias que las compraventas offline, cuestión diferente es que la mayor parte de las personas no conociera dicha obligación de tributar y por tanto no liquidara los impuestos correspondientes pudiendo ser sancionados por dicha conducta.

2.¿Cuáles son los impuestos que se generan por dichas compraventas online?

De acuerdo con lo anterior, los impuestos que se generen dependerán de la condición en la que actúa el transmitente-vendedor.

La consulta vinculante recuerda que si quien trasmite es un empresario o profesional la operación está gravada por el IVA con independencia de los resultados perseguidos por la actividad empresarial o profesional o por cada operación individual.

A efectos del IVA[2], tienen la consideración de <<empresarios o profesionales>> las personas o entidades que realicen actividades empresariales o profesionales que implican la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios.

Por el contrario, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, con excepción de las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

En particular, tienen la consideración de <<actividades empresariales o profesionales>> las actividades extractivas, las de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y ejercicio de profesiones liberales y artísticas.

A sensu contrario, si la venta de objetos usados la realizan las personas que no actúan en su condición de empresario o profesional en el ejercicio de su actividad sino como particulares la operación está gravada por el ITPYAJD[3], debiéndose liquidar por el adquirente en base al valor real de los bienes y en función del tipo de gravamen que le corresponda a la clase de bien que se transmita y que, con carácter general a nivel estatal, se establece en el 4%. Todo ello sin perjuicio de lo que disponga en su caso la normativa autonómica con relación al porcentaje de aplicación.

Conviene tener presenta que a efectos del ITPAJD son transmisiones patrimoniales sujetas las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.

3.¿Cuáles son las conclusiones?

– la compraventa de objetos de segunda mano realizada por Internet por un empresario o profesional con ánimo de lucro ya sea con carácter ocasional u habitual estará sujeta a IVA, debiendo el adquirente pagar el IVA en función del tipo impositivo que corresponda al bien adquirido.

-la compraventa de objetos usados realizada por Internet por particulares con ánimo de lucro, aunque sea con carácter ocasional estará sujeta a ITPAJD, debiendo el adquirente pagar en base al valor de los bienes y tipo impositivo aplicable, recordando que el IVA tiene carácter preponderante y excluyente de la aplicación del ITPAJD por lo que será necesario evaluar en cada caso concreto si se aplica en primer lugar el IVA.

las compraventas online de productos de segunda mano se encuentra sujetas a las mismas normas tributarias que las compraventas tradicionales, pudiendo ser sancionados en caso de incumplimiento, no pudiendo ampararse en la ignorancia ya que la concurrencia de esta no excusa de su cumplimiento.

 

RETUITEAR SIN SER AUTOR PUEDE SER DELITO

De acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2017 el hecho de retuitear mensajes, imágenes, y videos de apoyo a organizaciones terroristas o de homenaje a los terroristas puede considerarse como delito de enaltecimiento del terrorismo regulado en el Código Penal.

El retuiteo como acto de reproducción de lo que ya existe, no permite que cualquiera libremente y acogiéndose al ejercicio del derecho a la libertad de expresión pueda difundir mensajes, imágenes y videos de apoyo a organizaciones terroristas, aunque no sean los autores de los mensajes, imágenes y videos.

Ha quedado resultado probado que el acusado publicó un total de 12 imágenes capturadas en el video publicado por aquel y donde en la mayoría aparece el nombre de la organización terrorista desarticulada en España, sus siglas sus logotipos, así como, miembros de la organización terrorista encapuchados llevando armamento varío y reflejando en alguna acciones armadas y mensajes de actos de homenaje a terroristas fallecidos.

En su defensa, el acusado alega que las imágenes u videos reproducidos mediante el tuit no eran propios, sino que ya existían en los medios y que no habían sido tomados por él y que ni tan siquiera era la persona que había grabado el video ni el que bailaba.

A lo que responde el Tribunal Supremo con rotundidad en base a lo siguiente:

-El tipo penal no exige que el acusado “asuma como propio, razone o argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que lo haya creado, basta que de un modo u otro accedan a él, y les de publicidad, expandiendo el mensaje a una gran cantidad de personas”.

– No importa que la foto la haya hecho otro ya que el que la recoge y la difunde es el acusado. “Mostrar determinadas fotos, y más con mensaje añadido, constituye un realce de la conducta y la persona y constituye una incitación a la imitación, si al terrorista se le presenta como un modelo a imitar (…), cuando su fama procede de cometer actos terroristas”.

– No es necesario que el acusado baile o grabe lo reproducido, sino que basta con publicitar lo grabado con “posibilidad de que terceras personas se percaten de que están enalteciendo la trayectoria profesional y los méritos de alguien cuya fama procede de los actos terroristas ejecutados”.

Todas estas conductas se integran en apología del terrorismo y no quedan amparadas por la libertad de expresión.

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY DE AUTONOMOS

Inicio de actividad emprendedora con tarifa plana de 50 euros mensuales durante  12 meses.

Reducción importe de los recargos por impago de cuotas e ingresos fuera de plazo al 10 por ciento, si el abono se produce dentro del primer mes natural al del vencimiento     del plazo del ingreso.

Se paga por los días efectivamente trabajados y se permiten hasta tres altas y bajas dentro de cada año natural con prorrateo de la cuota en función de dichos días.

Fijación de los criterios de deducibilidad de los gastos relacionados con las primas de seguro de enfermedad, suministros y manutención de acuerdo con los siguientes criterios:

 i) La deducción de las primas de seguros de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él.

ii) La deducción de los gastos de suministros (agua, gas, electricidad, telefonía e Internet) se fijan en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad afecta respecto a su superficie.

iii) La deducción de los gastos de manutención se establece en 26,67 euros diarios si el gasto tiene lugar en España.

Bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en caso de re-emprendimiento de la actividad, si no se ha estado dado de alta en los dos años inmediatamente anteriores.

 

Bonificaciones en los trabajadores por cuenta propia para conciliar vida profesional y familiar, bonificación del 100 por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes durante 12 meses, por cuidado de menores de 12 años, cargo de familiar en situación de dependencia, cargo familiar discapacitado.

 

Posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación y trabajar por cuenta propia siempre y cuando se tenga un trabajador a cargo.

Reconocimiento del “accidente in itinere” de los autónomos que tiene lugar en los desplazamientos al lugar de trabajo siempre que no coincida con el domicilio.

Las principales novedades de la Ley de Autónomos  (ley 6/2017 de 24 de octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo) entrarán en vigor  el 1 de enero de 2018.

REGLAMENTO EUROPEO PROTECCIÓN DATOS

SE INICIA LA CUENTA ATRÁS

 “Adaptamos su empresa a la nueva normativa europea en protección de datos”

MOTIVOS DE ADAPTACIÓN

  • Porque es una imposición legal y en caso incumplimiento las sanciones oscilan entre los 10 millones y 20 millones de euros.
  • Afecta a empresas y a trabajadores autónomos con independencia de su tamaño y facturación y si se han adaptado previamente a la LOPD.
  • Adopción de medidas de seguridad “a medida y adecuadas” en función del análisis de riesgos de los tratamientos de datos de carácter personal.
  • Para potenciar la imagen de marca y generar transparencia al usuario.

Para más información contacte con nosotros y diríjase al profesional especializado rocio.rossello@crconsultoreslegales.com y estaremos encantados de ayudarle.

 

 

 

ESPIAR CORREOS ELECTRONICOS CON CONDICIONES

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) conocido como Tribunal de Estrasburgo ha enmendado en fecha de hoy [1] una decisión suya de enero de 2016 en relación a la licitud del despido de un trabajador basado en el uso para fines personales de las herramientas informáticas de la empresa puestas a su disposición, las cuales habían sido objeto de control y monitorización por parte de aquella.

En este nuevo pronunciamiento el Tribunal de Estrasburgo afirma que ha habido una violación del derecho al respeto a la vida privada, domicilio y correspondencia del trabajador  contemplado en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos y que no se han ponderado debidamente por parte de los tribunales nacionales los intereses en juego, esto es, por un lado, el poder de control empresarial sobre las herramientas corporativas puestas a disposición del trabajador, incluida la monitorización de las comunicaciones y por otro, el derecho a la vida privada y correspondencia del trabajador.

De acuerdo con dicho Tribunal, para poder monitorizar las comunicaciones de los trabajadores es necesario un aviso previo al trabajador antes de su implantación con el detalle de las medidas de monitorización que se van a adoptar, la naturaleza, la  justificación de las mismas, y que con ellas se podría acceder al contenido de las comunicaciones.

En consecuencia, antes de controlar cualquier actividad del trabajador  haciendo uso de las herramientas informáticas de la empresa puestas a su disposición, tales como ordenadores, teléfonos, tablets, y con independencia del  tipo de canal que permita la comunicación entre emisor  y receptor (correo electrónico, Whatsapp) se deberá comunicar al trabajador con carácter previo a su implantación con el detalle necesario que le permita comprender que se accederá a los contenidos de las comunicaciones.

Esta Sentencia del TEDH nos ha recordado a los supuestos legítimos en su día fijados por el Tribunal Constitucional Español para la colocación de cámaras de videovigilancia permanentes en el ámbito laboral, que graben de forma habitual a los trabajadores debiendo informarles de forma previa y expresa, clara e inequívoca de la finalidad de la cámara, propósitos de la grabación, tiempo y su posible uso para la imposición de las sanciones disciplinarias por incumplimiento del contrato de trabajo.

[1]https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“languageisocode”:[“ENG”],”documentcollectionid2″:[“JUDGMENTS”]}

LAS VOLUNTADES DIGITALES

Recientemente, se ha publicado de una nueva ley pionera en Cataluña que permite regular las voluntades digitales[1] y controlar la actividad digital de los menores cuando existan riesgos que pueden afectar a su desarrollo.

1.¿Que son las voluntades digitales?

Las voluntades digitales tienen como principal objetivo entre otras cuestiones, establecer unas normas que permitan determinar con claridad como se ha de administrar el legado relativo a la actividad de cada persona en los entornos digitales.

Las voluntades digitales en caso de fallecimiento pueden regular la realización de las siguientes actuaciones:

  • comunicación de fallecimiento por parte de la persona designada a los prestadores de servicios digitales.
  • pedir la cancelación de las cuentas activas.
  • solicitar a los prestadores de servicios digitales que ejecuten las cláusulas contractuales o que se activen las políticas establecidas para los casos de fallecimiento y si es el caso, que entreguen una copia de los archivos digitales.
  • la regulación de los archivos digitales cuando una persona fallece, puede ir orientada en dos direcciones o bien dando instrucciones precisas a la persona designada y/o en su defecto a los herederos para que se eliminen la totalidad de los archivos digitales ante los prestadores de servicios digitales donde el causante tenga cuentas activas, o bien que dichos archivos digitales se perpetúen en la memoria con la conservación de los elementos que aquellos determinen en entornos digitales o en cualquier otra solución que consideren pertinente.

2. ¿Cómo se articulan las voluntades digitales?

Las voluntades digitales se pueden articular a través de un testamento, codicilio, memorias testamentarias, y en su defecto, también por medio de un documento de voluntades digitales que se ha de inscribir en el Registro electrónico de voluntades digitales.

El documento de voluntades digitales se puede modificar y revocar en cualquier momento y no produce sus efectos si existen disposiciones de última voluntad.

3. ¿Cómo se puede ejercer el control parental respecto de los menores en entornos digitales?  

De acuerdo con la ley catalana los progenitores han de velar porque la presencia del hijo en entornos digitales sea apropiada a su edad y personalidad con el fin de protegerlos de los riesgos que se puedan derivar.

Los padres pueden adoptar las medidas adecuadas ante los prestadores de servicios digitales y entre otras, solicitar la suspensión provisional del acceso de sus hijos a sus cuentas digitales activas siempre que haya un riesgo inmediato y grave para su salud física o mental, acompañando un informe del facultativo donde se constate la existencia de dicho riesgo.

La suspensión definitiva y/o cancelación de las cuentas digitales requiere de autorización judicial.

[1] Ley 10/2017, de 27 de junio de las voluntades digitales y de la modificación de los libros segundo y cuarto del Código Civil de Cataluña. La ley fue publicada el pasado 29 de junio de 2017 el DOGC y entra en vigor a los 20 días de su publicación.