IMPUESTOS COMPRAVENTAS ONLINE ENTRE PARTICULARES OBJETOS USADOS

Recientemente, ha salido publicada en la prensa una noticia en la que se informaba que los particulares tienen que pagar impuestos por las compraventas de objetos de segunda mano que se realicen online, a través de famosas plataformas que todos conocemos y que facilitan la operación, permitiendo el contacto entre comprador y vendedor.

Dicha noticia tiene su origen en una consulta dirigida a la Dirección General de Tributos por parte de una persona que quiere vender a través de una página web objetos y enseres personales y familiares de segunda mano[1].

1.¿Existe obligación de tributar por las compraventas online entre particulares de objetos usados?

De hecho la obligación de tributar, no es una obligación nueva que se impone a los contribuyentes, ya que el pago de impuestos por la compraventa de objetos muebles e inmuebles (transmisión de bienes y derechos) se encuentra regulada desde hace mucho tiempo, ya sea por la vía del impuesto transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD) cuando quien vende o transmite es un particular, ya sea por la vía del impuesto sobre el valor añadido (IVA) cuando quien vende o transmite actúa en su condición de empresario o profesional a título oneroso con independencia si actúa carácter habitual u ocasional.

En consecuencia, las compraventas online de segunda mano se encuentran sujetas a las mismas normas tributarias que las compraventas offline, cuestión diferente es que la mayor parte de las personas no conociera dicha obligación de tributar y por tanto no liquidara los impuestos correspondientes pudiendo ser sancionados por dicha conducta.

2.¿Cuáles son los impuestos que se generan por dichas compraventas online?

De acuerdo con lo anterior, los impuestos que se generen dependerán de la condición en la que actúa el transmitente-vendedor.

La consulta vinculante recuerda que si quien trasmite es un empresario o profesional la operación está gravada por el IVA con independencia de los resultados perseguidos por la actividad empresarial o profesional o por cada operación individual.

A efectos del IVA[2], tienen la consideración de <<empresarios o profesionales>> las personas o entidades que realicen actividades empresariales o profesionales que implican la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios.

Por el contrario, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, con excepción de las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

En particular, tienen la consideración de <<actividades empresariales o profesionales>> las actividades extractivas, las de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y ejercicio de profesiones liberales y artísticas.

A sensu contrario, si la venta de objetos usados la realizan las personas que no actúan en su condición de empresario o profesional en el ejercicio de su actividad sino como particulares la operación está gravada por el ITPYAJD[3], debiéndose liquidar por el adquirente en base al valor real de los bienes y en función del tipo de gravamen que le corresponda a la clase de bien que se transmita y que, con carácter general a nivel estatal, se establece en el 4%. Todo ello sin perjuicio de lo que disponga en su caso la normativa autonómica con relación al porcentaje de aplicación.

Conviene tener presenta que a efectos del ITPAJD son transmisiones patrimoniales sujetas las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.

3.¿Cuáles son las conclusiones?

– la compraventa de objetos de segunda mano realizada por Internet por un empresario o profesional con ánimo de lucro ya sea con carácter ocasional u habitual estará sujeta a IVA, debiendo el adquirente pagar el IVA en función del tipo impositivo que corresponda al bien adquirido.

-la compraventa de objetos usados realizada por Internet por particulares con ánimo de lucro, aunque sea con carácter ocasional estará sujeta a ITPAJD, debiendo el adquirente pagar en base al valor de los bienes y tipo impositivo aplicable, recordando que el IVA tiene carácter preponderante y excluyente de la aplicación del ITPAJD por lo que será necesario evaluar en cada caso concreto si se aplica en primer lugar el IVA.

las compraventas online de productos de segunda mano se encuentra sujetas a las mismas normas tributarias que las compraventas tradicionales, pudiendo ser sancionados en caso de incumplimiento, no pudiendo ampararse en la ignorancia ya que la concurrencia de esta no excusa de su cumplimiento.

 

RETUITEAR SIN SER AUTOR PUEDE SER DELITO

De acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2017 el hecho de retuitear mensajes, imágenes, y videos de apoyo a organizaciones terroristas o de homenaje a los terroristas puede considerarse como delito de enaltecimiento del terrorismo regulado en el Código Penal.

El retuiteo como acto de reproducción de lo que ya existe, no permite que cualquiera libremente y acogiéndose al ejercicio del derecho a la libertad de expresión pueda difundir mensajes, imágenes y videos de apoyo a organizaciones terroristas, aunque no sean los autores de los mensajes, imágenes y videos.

Ha quedado resultado probado que el acusado publicó un total de 12 imágenes capturadas en el video publicado por aquel y donde en la mayoría aparece el nombre de la organización terrorista desarticulada en España, sus siglas sus logotipos, así como, miembros de la organización terrorista encapuchados llevando armamento varío y reflejando en alguna acciones armadas y mensajes de actos de homenaje a terroristas fallecidos.

En su defensa, el acusado alega que las imágenes u videos reproducidos mediante el tuit no eran propios, sino que ya existían en los medios y que no habían sido tomados por él y que ni tan siquiera era la persona que había grabado el video ni el que bailaba.

A lo que responde el Tribunal Supremo con rotundidad en base a lo siguiente:

-El tipo penal no exige que el acusado “asuma como propio, razone o argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que lo haya creado, basta que de un modo u otro accedan a él, y les de publicidad, expandiendo el mensaje a una gran cantidad de personas”.

– No importa que la foto la haya hecho otro ya que el que la recoge y la difunde es el acusado. “Mostrar determinadas fotos, y más con mensaje añadido, constituye un realce de la conducta y la persona y constituye una incitación a la imitación, si al terrorista se le presenta como un modelo a imitar (…), cuando su fama procede de cometer actos terroristas”.

– No es necesario que el acusado baile o grabe lo reproducido, sino que basta con publicitar lo grabado con “posibilidad de que terceras personas se percaten de que están enalteciendo la trayectoria profesional y los méritos de alguien cuya fama procede de los actos terroristas ejecutados”.

Todas estas conductas se integran en apología del terrorismo y no quedan amparadas por la libertad de expresión.

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY DE AUTONOMOS

Inicio de actividad emprendedora con tarifa plana de 50 euros mensuales durante  12 meses.

Reducción importe de los recargos por impago de cuotas e ingresos fuera de plazo al 10 por ciento, si el abono se produce dentro del primer mes natural al del vencimiento     del plazo del ingreso.

Se paga por los días efectivamente trabajados y se permiten hasta tres altas y bajas dentro de cada año natural con prorrateo de la cuota en función de dichos días.

Fijación de los criterios de deducibilidad de los gastos relacionados con las primas de seguro de enfermedad, suministros y manutención de acuerdo con los siguientes criterios:

 i) La deducción de las primas de seguros de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él.

ii) La deducción de los gastos de suministros (agua, gas, electricidad, telefonía e Internet) se fijan en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad afecta respecto a su superficie.

iii) La deducción de los gastos de manutención se establece en 26,67 euros diarios si el gasto tiene lugar en España.

Bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en caso de re-emprendimiento de la actividad, si no se ha estado dado de alta en los dos años inmediatamente anteriores.

 

Bonificaciones en los trabajadores por cuenta propia para conciliar vida profesional y familiar, bonificación del 100 por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes durante 12 meses, por cuidado de menores de 12 años, cargo de familiar en situación de dependencia, cargo familiar discapacitado.

 

Posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación y trabajar por cuenta propia siempre y cuando se tenga un trabajador a cargo.

Reconocimiento del “accidente in itinere” de los autónomos que tiene lugar en los desplazamientos al lugar de trabajo siempre que no coincida con el domicilio.

Las principales novedades de la Ley de Autónomos  (ley 6/2017 de 24 de octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo) entrarán en vigor  el 1 de enero de 2018.

REGLAMENTO EUROPEO PROTECCIÓN DATOS

SE INICIA LA CUENTA ATRÁS

 “Adaptamos su empresa a la nueva normativa europea en protección de datos”

MOTIVOS DE ADAPTACIÓN

  • Porque es una imposición legal y en caso incumplimiento las sanciones oscilan entre los 10 millones y 20 millones de euros.
  • Afecta a empresas y a trabajadores autónomos con independencia de su tamaño y facturación y si se han adaptado previamente a la LOPD.
  • Adopción de medidas de seguridad “a medida y adecuadas” en función del análisis de riesgos de los tratamientos de datos de carácter personal.
  • Para potenciar la imagen de marca y generar transparencia al usuario.

Para más información contacte con nosotros y diríjase al profesional especializado rocio.rossello@crconsultoreslegales.com y estaremos encantados de ayudarle.

 

 

 

ESPIAR CORREOS ELECTRONICOS CON CONDICIONES

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) conocido como Tribunal de Estrasburgo ha enmendado en fecha de hoy [1] una decisión suya de enero de 2016 en relación a la licitud del despido de un trabajador basado en el uso para fines personales de las herramientas informáticas de la empresa puestas a su disposición, las cuales habían sido objeto de control y monitorización por parte de aquella.

En este nuevo pronunciamiento el Tribunal de Estrasburgo afirma que ha habido una violación del derecho al respeto a la vida privada, domicilio y correspondencia del trabajador  contemplado en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos y que no se han ponderado debidamente por parte de los tribunales nacionales los intereses en juego, esto es, por un lado, el poder de control empresarial sobre las herramientas corporativas puestas a disposición del trabajador, incluida la monitorización de las comunicaciones y por otro, el derecho a la vida privada y correspondencia del trabajador.

De acuerdo con dicho Tribunal, para poder monitorizar las comunicaciones de los trabajadores es necesario un aviso previo al trabajador antes de su implantación con el detalle de las medidas de monitorización que se van a adoptar, la naturaleza, la  justificación de las mismas, y que con ellas se podría acceder al contenido de las comunicaciones.

En consecuencia, antes de controlar cualquier actividad del trabajador  haciendo uso de las herramientas informáticas de la empresa puestas a su disposición, tales como ordenadores, teléfonos, tablets, y con independencia del  tipo de canal que permita la comunicación entre emisor  y receptor (correo electrónico, Whatsapp) se deberá comunicar al trabajador con carácter previo a su implantación con el detalle necesario que le permita comprender que se accederá a los contenidos de las comunicaciones.

Esta Sentencia del TEDH nos ha recordado a los supuestos legítimos en su día fijados por el Tribunal Constitucional Español para la colocación de cámaras de videovigilancia permanentes en el ámbito laboral, que graben de forma habitual a los trabajadores debiendo informarles de forma previa y expresa, clara e inequívoca de la finalidad de la cámara, propósitos de la grabación, tiempo y su posible uso para la imposición de las sanciones disciplinarias por incumplimiento del contrato de trabajo.

[1]https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“languageisocode”:[“ENG”],”documentcollectionid2″:[“JUDGMENTS”]}

LAS VOLUNTADES DIGITALES

Recientemente, se ha publicado de una nueva ley pionera en Cataluña que permite regular las voluntades digitales[1] y controlar la actividad digital de los menores cuando existan riesgos que pueden afectar a su desarrollo.

1.¿Que son las voluntades digitales?

Las voluntades digitales tienen como principal objetivo entre otras cuestiones, establecer unas normas que permitan determinar con claridad como se ha de administrar el legado relativo a la actividad de cada persona en los entornos digitales.

Las voluntades digitales en caso de fallecimiento pueden regular la realización de las siguientes actuaciones:

  • comunicación de fallecimiento por parte de la persona designada a los prestadores de servicios digitales.
  • pedir la cancelación de las cuentas activas.
  • solicitar a los prestadores de servicios digitales que ejecuten las cláusulas contractuales o que se activen las políticas establecidas para los casos de fallecimiento y si es el caso, que entreguen una copia de los archivos digitales.
  • la regulación de los archivos digitales cuando una persona fallece, puede ir orientada en dos direcciones o bien dando instrucciones precisas a la persona designada y/o en su defecto a los herederos para que se eliminen la totalidad de los archivos digitales ante los prestadores de servicios digitales donde el causante tenga cuentas activas, o bien que dichos archivos digitales se perpetúen en la memoria con la conservación de los elementos que aquellos determinen en entornos digitales o en cualquier otra solución que consideren pertinente.

2. ¿Cómo se articulan las voluntades digitales?

Las voluntades digitales se pueden articular a través de un testamento, codicilio, memorias testamentarias, y en su defecto, también por medio de un documento de voluntades digitales que se ha de inscribir en el Registro electrónico de voluntades digitales.

El documento de voluntades digitales se puede modificar y revocar en cualquier momento y no produce sus efectos si existen disposiciones de última voluntad.

3. ¿Cómo se puede ejercer el control parental respecto de los menores en entornos digitales?  

De acuerdo con la ley catalana los progenitores han de velar porque la presencia del hijo en entornos digitales sea apropiada a su edad y personalidad con el fin de protegerlos de los riesgos que se puedan derivar.

Los padres pueden adoptar las medidas adecuadas ante los prestadores de servicios digitales y entre otras, solicitar la suspensión provisional del acceso de sus hijos a sus cuentas digitales activas siempre que haya un riesgo inmediato y grave para su salud física o mental, acompañando un informe del facultativo donde se constate la existencia de dicho riesgo.

La suspensión definitiva y/o cancelación de las cuentas digitales requiere de autorización judicial.

[1] Ley 10/2017, de 27 de junio de las voluntades digitales y de la modificación de los libros segundo y cuarto del Código Civil de Cataluña. La ley fue publicada el pasado 29 de junio de 2017 el DOGC y entra en vigor a los 20 días de su publicación.

RECUPERE LA PLUSVALIA PAGADA EN VENTAS CON PERDIDAS

RECUPERE LA PLUSVALIA PAGADA EN VENTAS CON PERDIDAS

Finalmente, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)[1] la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional determinados artículos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (LHL), en la medida que se hacía tributar al contribuyente en todo caso en el supuesto de ventas de viviendas, por la vía del Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana (IIVTNU) conocido popularmente como “Plusvalía Municipal”, con independencia de si había habido ganancias o pérdidas asociadas a dicha venta.

De acuerdo con la Sentencia, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no contempla la posible existencia de una minusvaloración en el momento de la transmisión de los inmuebles” y mediante su invocación para la exigibilidad del pago de la Plusvalía, se estaría sometiendo a tributación manifestaciones de riqueza inexistentes, lo cual vulnera el principio constitucional de capacidad económica (art. 31 CE).

La consecuencia es que han sido declarados inconstitucionales y por tanto nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la LHL, pero únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.

Con la crisis y la coyuntura económica de los pasados años, son muchos los contribuyentes que manifestaban su desaprobación al pago de un impuesto que supuestamente va asociado a una ganancia patrimonial incluso cuando esta es inexistente, como es el caso de la venta con pérdidas.

Con esta sentencia y desde el punto de vista práctico, ya se dispone de un amparo constitucional a la posibilidad de recuperar el importe que se haya pagado en concepto del IIVTNU o Plusvalía en los casos de ventas, en las cuales se ha sufrido una pérdida económica.

¿Cuál es el escenario principal para poder solicitar la devolución de la plusvalía pagada?

Para poder solicitar la devolución de la plusvalía es requisito haber tenido una pérdida económica en la venta y que el derecho no haya prescrito, diferenciando dos situaciones de partida:

  1. Cuando el contribuyente ha presentado una autoliquidación, el plazo de prescripción es de 4 años desde la presentación de dicha autoliquidación y antes de que se haya dictado liquidación definitiva.
  2. Cuando el Ayuntamiento emplea el sistema de liquidación, el plazo es de 1 mes desde que se practicó tal liquidación.

Si Ud. ha sufrido una pérdida económica y además su derecho no ha prescrito, en CR Consultores Legales le podemos asesorar en la recuperación de la plusvalía que pagó.

[1] Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 disponible en el siguiente vínculo http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6848.pdf

FIN DEL ROAMING

Eliminación del roaming o servicios de telecomunicaciones en itinerancia al por menor a partir del 15 de junio de 2017 de acuerdo con el Reglamento UE 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Ámbito de aplicación

Estados Miembros pertenecientes a la Unión Europea. No se aplica a países que no pertenezcan a la Unión Europea.

Servicios afectados

Eliminación de los recargos por itinerancia, no aplicando recargo alguno respecto del precio al por menor nacional a los clientes itinerantes en cualquier Estado miembro en los servicios de telecomunicaciones en itinerancia al por menor consistentes en:

i) cualquier llamada itinerante regulada, efectuada o recibida.

ii) cualquier sms itinerante regulado, enviado.

iii) cualquier servicio regulado de itinerancia de datos, incluyendo mensajes mms.

Tampoco se aplicará recargo general alguno a fin de permitir la utilización en el extranjero del equipo terminal o servicio.

Límites

La eliminación de los recargos convivirá con la aplicación de políticas de uso razonable y un posible recargo en determinados casos:

-políticas de uso razonable que puedan establecer los prestadores de servicios en itinerancia para evitar usos abusivos o anómalos, de forma que, puedan regular unos usos razonables fijando límites de uso en los servicios por parte del usuario final y pudiendo exigir un cargo adicional si se supera dicho límite.

un posible recargo debidamente justificado cuando no es posible la sostenibilidad en la supresión de los recargos, esto es, sí un proveedor de estos servicios no es capaz de recuperar sus costes totales, reales y previstos respecto de sus ingresos totales, reales y previstos por la prestación de dichos servicios podrá solicitar la autorización de aplicar un recargo.

CASO UBER y ASOCIACION PROFESIONAL ELITE TAXI

Uber pierde su primera batalla contra la Asociación Profesional de taxistas de Barcelona.

De acuerdo con las conclusiones del abogado general, Uber no se puede beneficiar del principio de libre prestación de servicios en el ámbito de los <<servicios de la sociedad de la información y régimen de exoneraciones de responsabilidad establecidas para los intermediarios>>.

El servicio que ofrece Uber es un servicio en el ámbito del transporte y por lo tanto, sometido a las condiciones exigidas para poder prestar servicios de transporte y en el caso concreto, disponer de las preceptivas licencias y autorizaciones contempladas en el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona.

A nuestro modo de ver, si la plataforma electrónica (la que pone en contacto usuario con conductor) organiza los medios de producción y humanos en relación a los servicios subyacentes (servicio de transporte), realiza una selección de profesionales, decide los precios de los profesionales, su cualificación, sus horarios, las condiciones de prestación y gestiona la calidad de los mismos más probabilidades tendrá de ser considerada como prestadora de servicios en sí misma y no como mera intermediaria de un servicio de la sociedad de la información siéndole de plena aplicación la normativa sectorial (transporte) fiscal y laboral.

Enlace a las conclusiones del Abogado del Estado de 11 de mayo de 2017

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170050es.pdf

Enlace artículos publicados relacionados con los Proyectos de Economía Colaborativa e